Primero pedagogía y después sanción

Alcalde de Riohacha, Dian y Polfa, se reunieron para buscar salidas

Por: Francisco De La Hoz Sarmiento
El alcalde de Riohacha, Jaider Curiel Choles, se reunió la pasada semana en el edificio de Gobierno, con el director nacional de la Policía Fiscal Aduanera, coronel Mario Hernando Torres Merchán, al igual que con el director y subdirector de Fiscalización de la Dian, Napoleón Hernández Palacio e Iván Escobar, con quienes exploraron el terreno jurídico y social para hacer lo menos traumático posible, la aplicación de lo ordenado por parte del Consejo de Estado, respecto a la erradicación de las ventas de gasolina de contrabando en la ciudad de Riohacha.
Todos deben poner, pero no tienen mucho
De acuerdo con lo expresado por el alcalde, lo que se pretende es que cada una de las instituciones que están comprometidas en estos difíciles temas, pueda hacer aportes que impidan que haya lesiones irreparables a la economía y la vida social de las miles de familias que derivan su sustento de esta ilícita actividad que se ha venido practicando desde tiempos casi inmemoriales, siempre con el aval del silencio de las autoridades, tanto del orden nacional, como las departamentales y municipales.
Las tareas de las instituciones
Después de la reunión entre las autoridades nacionales y locales, se dieron tareas para cada una de ellas, en donde no queda bien preciso lo que estará aportando cada uno de ellos, si lo que se pretende es hacer una reconversión laboral, toda vez que es un proceso que requiere mucho dinero y en el caso de la Alcaldía de Riohacha, como se sabe, por estar ella en Ley 550, es poco el dinero que puede destinar para estos casos, de tal forma que lo que se prevé es mano dura y judicialización para los vendedores del combustible.
Jalón de orejas del Consejo de Estado
Muy probablemente por el silencio cómplice de las autoridades, desde los inspectores de Policía, pasando por concejales, diputados, alcaldes y hasta Gobernador, es que el Consejo de Estado les ha dado un verdadero jalón de orejas, al punto de que ha dicho la Sección Tercera del máximo Tribunal Contencioso Administrativo, que las desgracias que se presenten en el perímetro urbano ocasionadas por la manipulación del combustible, son sólo responsabilidad de las autoridades nacionales y municipales.
La Sección concedió una acción popular invocada por un grupo de ciudadanos que consideró transgredidos sus derechos colectivos relacionados con la prevención de desastres, por cuanto comprobó que las entidades estatales no estaban ejerciendo un efectivo control, ni emitido las sanciones que eran del caso para prevenir la proliferación de esta actividad irregular.
La Alcaldía de Riohacha ha sido permisiva
“En relación con el municipio de Riohacha, las pruebas aportadas al plenario demuestran que su actuación ha sido insuficiente para controlar y erradicar la venta ilegal de combustible”, sostuvo la máxima corporación de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
La sentencia, con ponencia de la magistrada María Claudia Rojas, también conmina a la Fiscalía General de la Nación a que adelante las respectivas investigaciones en contra de quienes ejercen esta venta informal, para establecer si hay actuaciones punibles o no de su parte.
Para el Consejo de Estado es claro que las autoridades, si bien han dado cuenta de la existencia de normas que limitan ese tipo de actividades también es cierto que son ellas mismas quienes deben ocuparse de las infracciones y no es el caso de lo que viene sucediendo en la Guajira, y de allí el llamado a que adelanten una vigilancia mucho más estricta en la materia