SE MANTIENEN LAS REGALÍAS DIRECTAS
EDITORIAL
La Cámara de Representantes mantuvo la categoría de las regalías directas para productores y territorios de transporte en el proyecto de Acto Legislativo que cursa en el Congreso, iniciativa que tiene como objetivo sustituir el uso de las regalías y compensaciones por las explotaciones mineras y de hidrocarburos.
La constitución vigente divide las regalías en dos grupos: las directas y
las indirectas. Las primeras son las que benefician a las zonas productoras o que facilitan su territorio para el transporte. Las indirectas son el remanente que va para los territorios no mineros.
Las directas pretendían ser eliminadas en el proyecto cuando salió del
Senado con sus dos primeros de ocho debates totales, y este hecho
había provocado protestas enérgicas de los departamentos y municipios afectados, pues pasaban a tener la simple condición de territorios con vocación de acceder a regalías, no un derecho constitucional, como siempre ha sido, y eliminaban de paso la autonomía de que gozan para disponer de ellas para determinados fines de desarrollo.
La decisión de mantener las regalías directas fue tomada con el aval del
Gobierno y después de un forcejeo al interior de este, pues existían dos
tendencias: las que pugnaban porque se eliminaran, en la cual jugaba el
Ministro de Hacienda, y los que advertían los riesgos en la gobernabilidad y el desarrollo del país, donde se situó el Ministro de Minas y Energía.
Según la ponencia que se aprobó, las regiones productoras y portuarias
“tendrán derecho a participar de las regalías y compensaciones en el
porcentaje que defina la ley que desarrolle el acto legislativo y ejecutarán directamente estos recursos”. Ello, sin perjuicio de su acceso a los recursos provenientes de los cinco fondos que se crearían a partir del Sistema General de Regalías que se está creando en el proyecto de Acto Legislativo.
“De este modo se dio un primer paso en la dirección correcta”, sostuvo
en el reciente encuentro regional de periodistas el investigador y
polemista guajiro Amylkar Acosta, quien le hace un seguimiento
detallado al trámite del proyecto. En el mismo evento el gobernador
del Cesar, Cristian Moreno, expresó su complacencia por el hecho.
Pero el debate sigue. Sigue porque es preciso concretarlo en una ley
reglamentaria que debe asignar porcentajes o fórmulas de asignación
de todas las regalías, incluyendo las directas y los fondos que crea o
amplía la reforma constitucional para nutrirlos con regalías
mineras. Sigue, además, porque el reparto ahora se hará para
toda la población colombiana.
Lo que están proponiendo los líderes de los territorios productores es
una fórmula que parece ser razonable: que se haga la nueva distribución a partir de los mayores producidos por regalías como consecuencia del boom minero que el Gobierno está indicando que va a ocurrir. Si hay más plata, pues, que con ella hagan desarrollo allí donde sea socialmente necesario, pero que no la quiten a quien la necesita para amortiguar los efectos nocivos de la minería.
Los cálculos que ha hecho el equipo de Adolfo Meisel, uno de nuestros
mejores investigadores y también expositor en el encuentro, indican
que esta fórmula conviene a los ocho departamentos del Caribe
colombiano, pues aumentaría el volumen de los recursos que
se pueden obtener por regalías y compensaciones y hace justicia
a quienes no reciben hoy.
Además, conviene la disposición contenida en la exposición
de motivos del proyecto de Acto Legislativo en el sentido de
que se focalizará la inversión en macroproyectos de gran impacto
(La Mojana, entre otros) y no en proyecto u obras sin gran impacto
como piscinas y cosas parecidas, que tanto daño le han hecho al
hecho minero y las regalías.
El Gobierno dio una muestra de sindéresis al mantener las regalías
directas. Como lo señalamos en su momento, no es justo que se les
quite de un tajo y de un día para otro las esperanzas construidas
alrededor de las regalías como fuente de financiamiento para hacer
desarrollo, esperanzas que se fueron acumulando en varias
generaciones a partir del momento en que se supo que
había riqueza oculta en el subsuelo.
Pero tras este logro, y como respuesta esperada por todos los colombianos, los líderes de las regiones productoras ahora tienen el deber de usar correctamente las regalías cuyo derecho constitucional se les mantiene. Cero corrupción, mayor efectividad en el uso de esos fondos para que se haga lo más socialmente conveniente, y, de parte del Estado en su función de prevención y castigo de la corrupción, pulso firme.
Noviembre, 25 de 2010
La Cámara de Representantes mantuvo la categoría de las regalías directas para productores y territorios de transporte en el proyecto de Acto Legislativo que cursa en el Congreso, iniciativa que tiene como objetivo sustituir el uso de las regalías y compensaciones por las explotaciones mineras y de hidrocarburos.
La constitución vigente divide las regalías en dos grupos: las directas y
las indirectas. Las primeras son las que benefician a las zonas productoras o que facilitan su territorio para el transporte. Las indirectas son el remanente que va para los territorios no mineros.
Las directas pretendían ser eliminadas en el proyecto cuando salió del
Senado con sus dos primeros de ocho debates totales, y este hecho
había provocado protestas enérgicas de los departamentos y municipios afectados, pues pasaban a tener la simple condición de territorios con vocación de acceder a regalías, no un derecho constitucional, como siempre ha sido, y eliminaban de paso la autonomía de que gozan para disponer de ellas para determinados fines de desarrollo.
La decisión de mantener las regalías directas fue tomada con el aval del
Gobierno y después de un forcejeo al interior de este, pues existían dos
tendencias: las que pugnaban porque se eliminaran, en la cual jugaba el
Ministro de Hacienda, y los que advertían los riesgos en la gobernabilidad y el desarrollo del país, donde se situó el Ministro de Minas y Energía.
Según la ponencia que se aprobó, las regiones productoras y portuarias
“tendrán derecho a participar de las regalías y compensaciones en el
porcentaje que defina la ley que desarrolle el acto legislativo y ejecutarán directamente estos recursos”. Ello, sin perjuicio de su acceso a los recursos provenientes de los cinco fondos que se crearían a partir del Sistema General de Regalías que se está creando en el proyecto de Acto Legislativo.
“De este modo se dio un primer paso en la dirección correcta”, sostuvo
en el reciente encuentro regional de periodistas el investigador y
polemista guajiro Amylkar Acosta, quien le hace un seguimiento
detallado al trámite del proyecto. En el mismo evento el gobernador
del Cesar, Cristian Moreno, expresó su complacencia por el hecho.
Pero el debate sigue. Sigue porque es preciso concretarlo en una ley
reglamentaria que debe asignar porcentajes o fórmulas de asignación
de todas las regalías, incluyendo las directas y los fondos que crea o
amplía la reforma constitucional para nutrirlos con regalías
mineras. Sigue, además, porque el reparto ahora se hará para
toda la población colombiana.
Lo que están proponiendo los líderes de los territorios productores es
una fórmula que parece ser razonable: que se haga la nueva distribución a partir de los mayores producidos por regalías como consecuencia del boom minero que el Gobierno está indicando que va a ocurrir. Si hay más plata, pues, que con ella hagan desarrollo allí donde sea socialmente necesario, pero que no la quiten a quien la necesita para amortiguar los efectos nocivos de la minería.
Los cálculos que ha hecho el equipo de Adolfo Meisel, uno de nuestros
mejores investigadores y también expositor en el encuentro, indican
que esta fórmula conviene a los ocho departamentos del Caribe
colombiano, pues aumentaría el volumen de los recursos que
se pueden obtener por regalías y compensaciones y hace justicia
a quienes no reciben hoy.
Además, conviene la disposición contenida en la exposición
de motivos del proyecto de Acto Legislativo en el sentido de
que se focalizará la inversión en macroproyectos de gran impacto
(La Mojana, entre otros) y no en proyecto u obras sin gran impacto
como piscinas y cosas parecidas, que tanto daño le han hecho al
hecho minero y las regalías.
El Gobierno dio una muestra de sindéresis al mantener las regalías
directas. Como lo señalamos en su momento, no es justo que se les
quite de un tajo y de un día para otro las esperanzas construidas
alrededor de las regalías como fuente de financiamiento para hacer
desarrollo, esperanzas que se fueron acumulando en varias
generaciones a partir del momento en que se supo que
había riqueza oculta en el subsuelo.
Pero tras este logro, y como respuesta esperada por todos los colombianos, los líderes de las regiones productoras ahora tienen el deber de usar correctamente las regalías cuyo derecho constitucional se les mantiene. Cero corrupción, mayor efectividad en el uso de esos fondos para que se haga lo más socialmente conveniente, y, de parte del Estado en su función de prevención y castigo de la corrupción, pulso firme.
Noviembre, 25 de 2010
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