Comisión de Presupuesto del Concejo de Manaure, ‘en el filo de la navaja’

Carmen De Vega de Martínez, Procuradora Regional Guajira


Por el momento nadie sabe cómo pudo ocurrir, pero pasó y las pruebas de que ocurrió así, son irrefutables. Los Concejales en plenaria le habían dado facultades al alcalde para contratar, desarrollar convenios y otros movimientos financieros, solo hasta el último día del mes de enero del presente año, pero al regresar el proyecto, ya como acuerdo, sancionado por la alcaldesa encargada de Manaure, Katime Olarte Mejía, titular de la cartera de Hacienda, se le había modificado el artículo 13 original y ahora se lee: “facultades hasta el 31 de diciembre de 2.010”.
Como es apenas lógico se han presentado las denuncias correspondientes y en esta semana serán escuchados por la Procuraduría Regional de La Guajira, la totalidad de los integrantes de la Comisión de Presupuesto, además de la Secretaria del Concejo municipal de Manaure.
De acuerdo con las informaciones entregadas a este medio informativo por una fuente de entero crédito, los encartados en la investigación disciplinaria son: Alejandro Márquez, presidente de la Comisión de Presupuesto, quien ha manifestado públicamente su decisión de aspirar a la alcaldía de la localidad para el período venidero; Adalberto Pérez Sierra, presidente del Concejo Municipal, Ricardo Meza, integrante de la comisión; Doraliz Meza Amaya, secretaria de la corporación.
Se ha indicado de la misma manera que incluso, la alcaldesa encargada de aquel momento Katine Olarte Mejía, podría ser vinculada al proceso oral disciplinario que se tiene previsto para esta semana.
También se dijo a esta redacción que la falta por la que serán investigados los funcionarios es la falsedad ideológica en documento público, lo cual, de ser encontrado cierto amerita que sea elevada a la categoría de falta gravísima con lo que los investigados se verían abocados a una sanción de destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por un buen número de años. Se generaría de allí, incluso consecuencias de orden penal, con lo cual no solo estaría en juego su permanencia en la Corporación sino la misma libertad en la eventualidad de que la Fiscalía encuentre los méritos suficientes.

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