Fiscalía debe reiniciar todo el proceso contra alcalde de Dibulla
Los funcionarios están dispuestos a demostrar su inocencia
Por: Francisco De La Hoz Sarmiento
Los pocos elementos probatorios que fueron presentados por la Fiscalía de Santa que formuló los cargos en contra del alcalde de Dibulla Marlon Amaya Mejía y su Secretario de Hacienda Adolfo Barros Sierra, por el presunto delito de peculado por apropiación a favor de terceros, ya no sirven para la continuidad del proceso y por eso, el fiscal que fue asignado o el que designen en adelante, tendrá que presentar nuevos elementos probatorios.
La celeridad de la fiscalía en el proceso no ha sido muy notoria, toda vez que el ilícito fue cometido el 28 de febrero de 2.008 y solo a finales de junio es cuando se presentan las decisiones por parte del despacho investigativo. Esto podría hacer suponer de la misma manera que la reconstrucción del proceso por parte del ente acusador, llevará un buen tiempo.
La ‘Prueba Reina’ que no sirvió
El examen dactiloscópico que fue presentado por parte de la Fiscalía y que se había constituido en lo que los abogados llaman ’La Prueba Reina’ quedó invalidada, luego de que el Juez Segundo Penal Municipal de Riohacha, despacho al que había llegado en apelación la legalización de la captura y la medida de aseguramiento en contra de los dos funcionarios, consideró que se le había violado el debido proceso a los entonces indiciados porque en ningún momento hubo “igualdad de armas” para que estos pudieran defenderse y se refirió a que tras tomarle la muestra grafológica, no s eles dijo que eran ellos precisamente los sospechosos y quienes estaban siendo objeto de investigación.
Toda vez que el actual, es un sistema penal garantista para el procesado, se consideró que los investigadores no le habían dado, precisamente, las garantías para que ellos pudieran afinar sus armas de defensa jurídica.
Además de lo anterior, el propio Fiscal Gabriel Turizo, dijo en el estrado que se había ordenado una nueva prueba grafológica, con lo cual se demuestra que la misma fiscalía duda de la que fue presentada como prueba fehaciente de la comisión del delito, es decir, la firma de la autorización para que se entregara el cheque de gerencia y se pagara el mismo por la suma de $123 millones.
El delito sí se cometió contra el municipio
Por el momento, los dos funcionarios Amaya Mejía Y Barros Sierra, tienen la difícil tarea de demostrarle a la fiscalía y al juez que se asigne para terminar su proceso, que ellos no tienen nada que ver con el caso. El juez que los dejó el libertad en ningún momento ha dicho que el delito no se haya cometido, la defraudación contra el municipio es un hecho, lo que el juez ha manifestado en su fallo tras la apelación de la medida que los privó de la libertad, es que los medios usados por los investigadores no fueron los correctos y que se les violó el derecho a defenderse de manera oportuna. Si la fiscalía trabaja ahora sí, con la celeridad, en unos 30 días podría estar reconstruido el proceso y presentar nuevamente las imputaciones, pero no serían, si no hay novedad excepcional, más de 60 los días necesarios para acabar con este transe que afecta a la familia Amaya Mejía, a los Barros Sierra y toda la comunidad dibullera que ve truncado su proceso gubernativo.
Los pocos elementos probatorios que fueron presentados por la Fiscalía de Santa que formuló los cargos en contra del alcalde de Dibulla Marlon Amaya Mejía y su Secretario de Hacienda Adolfo Barros Sierra, por el presunto delito de peculado por apropiación a favor de terceros, ya no sirven para la continuidad del proceso y por eso, el fiscal que fue asignado o el que designen en adelante, tendrá que presentar nuevos elementos probatorios.
La celeridad de la fiscalía en el proceso no ha sido muy notoria, toda vez que el ilícito fue cometido el 28 de febrero de 2.008 y solo a finales de junio es cuando se presentan las decisiones por parte del despacho investigativo. Esto podría hacer suponer de la misma manera que la reconstrucción del proceso por parte del ente acusador, llevará un buen tiempo.
La ‘Prueba Reina’ que no sirvió
El examen dactiloscópico que fue presentado por parte de la Fiscalía y que se había constituido en lo que los abogados llaman ’La Prueba Reina’ quedó invalidada, luego de que el Juez Segundo Penal Municipal de Riohacha, despacho al que había llegado en apelación la legalización de la captura y la medida de aseguramiento en contra de los dos funcionarios, consideró que se le había violado el debido proceso a los entonces indiciados porque en ningún momento hubo “igualdad de armas” para que estos pudieran defenderse y se refirió a que tras tomarle la muestra grafológica, no s eles dijo que eran ellos precisamente los sospechosos y quienes estaban siendo objeto de investigación.
Toda vez que el actual, es un sistema penal garantista para el procesado, se consideró que los investigadores no le habían dado, precisamente, las garantías para que ellos pudieran afinar sus armas de defensa jurídica.
Además de lo anterior, el propio Fiscal Gabriel Turizo, dijo en el estrado que se había ordenado una nueva prueba grafológica, con lo cual se demuestra que la misma fiscalía duda de la que fue presentada como prueba fehaciente de la comisión del delito, es decir, la firma de la autorización para que se entregara el cheque de gerencia y se pagara el mismo por la suma de $123 millones.
El delito sí se cometió contra el municipio
Por el momento, los dos funcionarios Amaya Mejía Y Barros Sierra, tienen la difícil tarea de demostrarle a la fiscalía y al juez que se asigne para terminar su proceso, que ellos no tienen nada que ver con el caso. El juez que los dejó el libertad en ningún momento ha dicho que el delito no se haya cometido, la defraudación contra el municipio es un hecho, lo que el juez ha manifestado en su fallo tras la apelación de la medida que los privó de la libertad, es que los medios usados por los investigadores no fueron los correctos y que se les violó el derecho a defenderse de manera oportuna. Si la fiscalía trabaja ahora sí, con la celeridad, en unos 30 días podría estar reconstruido el proceso y presentar nuevamente las imputaciones, pero no serían, si no hay novedad excepcional, más de 60 los días necesarios para acabar con este transe que afecta a la familia Amaya Mejía, a los Barros Sierra y toda la comunidad dibullera que ve truncado su proceso gubernativo.
Comentarios